Yo lo llamo el hermano pequeño de la NSA. Permite la
captación total de las comunicaciones móviles y virtuales en España.
Actualmente la
Policía Nacional , la Guardia Civil y el CNI tienen acceso a tan
extraordinaria como polémica herramienta (Bazán, Marzo 2010).
SITEL es un sistema
informático desarrollado por Ericsson y utilizado por el Ministerio del
Interior, capaz de almacenar todas las conversaciones telefónicas y mensajes
entre móviles y a través de Internet, e identificar los datos relativos a las
mismas. No es puramente un sistema de interceptación de comunicaciones sino un
auténtico programa de seguimiento y control de las comunicaciones y de las
personas. El sistema puede controlar números de teléfono de origen y destino de
llamada, o hacia los que se transfieren las llamadas; nombres y direcciones de
abonados o usuarios registrados de origen y destino. Si se trata de datos de
acceso a Internet, correo electrónico por Internet y telefonía por Internet:
identificación de usuario asignada, números de teléfono asignados a toda
comunicación que acceda a la red pública de telefonía y nombre y dirección del
abonado o del usuario registrado al que se le ha asignado en el momento de la
comunicación una dirección de Protocolo de Internet (IP), una identificación de
usuario o número de teléfono; identificación de usuario o número de teléfono
del destinatario o de los destinatarios de una llamada telefónica por Internet.
Los nombres y direcciones de los abonados o usuarios registrados y la identificación
de usuario del destinatario de la comunicación. Es la Dirección General
de Infraestructuras y Material de Seguridad (dependiente de la Secretaría de Estado de
Seguridad), la que dirige y coordina SITEL, como ha publicado el mismo titular
de esa Dirección General (Luengo Alfonso, 2009, p.159).
En teoría, como sabemos, los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado necesitan la autorización de un juez para intervenir las comunicaciones de los ciudadanos. Y yo me inclino a pensar que así es en la mayoría de los casos. O, al menos, así debería ser en un Estado de derecho como el nuestro.
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